La huelga de docentes llega a 14 regiones


Cerca de un millón de alumnos sin ir a clases, enfrentamientos en las calles, turistas afectados a diario y una serie de entredichos entre el Ministerio de Educación(Minedu) y los gobiernos regionales son las consecuencias que, hasta el momento, deja la huelga de docentes iniciada hace 37 días en Cusco y desde hace pocos días en otras 13 regiones del país. 



Según el Minedu, más del 50% de maestros han paralizado sus labores en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Junín, Lima provincias, Madre de Dios, Moquegua, Cusco y Puno. La huelga también ha sido acatada en Áncash, el Callao y Pasco, aunque en menor medida.

En Cusco y Puno, pese a que el Ejecutivo decretó estado de emergencia en algunos distritos, las protestas continuaron. 
En Cusco, ayer miles de maestros del Sindicato Único de Trabajadores de Educación (SUTE-Cusco) marcharon por la Plaza Mayor.

En Puno, docentes afiliados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) bloquearon el puente de Ilave, en la provincia de El Collao, e impidieron el tránsito de los vehículos hacia Bolivia. En esta región, la dirigencia del Sutep, que lidera César Tito Rojas, está ligada al Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del Sutep (Conare). 

Esta última agrupación no es reconocida por el Minedu, debido a su vinculación con el Movadef, movimiento de fachada de Sendero Luminoso.

También hubo movilizaciones en otras regiones. En Madre de Dios, los docentes protestaron en las calles de Puerto Maldonado, al igual que en la ciudad de Chupaca (Junín). Las autoridades de ambas localidades suspendieron los desfiles escolares por Fiestas Patrias en respaldo a la medida de fuerza.

—Descentralización—

¿Por qué la huelga ha durado 37 días en Cusco y ni el Minedu ni el gobierno regional han podido detenerla? En opinión del experto en educación Hugo Ñopo, este conflicto social es reflejo de un proceso de descentralización que se ha llevado a medias en el país.

“Estamos en el peor de los dos mundos. Hay ciertas responsabilidades descentralizadas, pero no las suficientes, y cuando necesitamos que se tome una decisión coordinada, esto resulta imposible”, dice Ñopo.

En el 2003, con la promulgación de la Ley de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el país inició el noveno intento de descentralización. Comenzó la transferencia de funciones, responsabilidades, recursos y competencias del Gobierno Central a los gobiernos regionales, que obtuvieron autonomía política, administrativa y económica. 

Estas facultades no fueron exclusivas para materias de educación, sino también para salud y otros sectores.

De esta manera, el Minedu pasó a ser el ente encargado de definir las políticas sectoriales en cuanto a la contratación de docentes, el diseño de la Carrera Pública Magisterial y los programas educativos del sector. Mientras tanto, los gobiernos regionales, a través de las unidades de gestión educativa local (UGEL) y las direcciones regionales de educación (DRE), asumieron funciones ejecutoras, fiscalizadoras y sancionadoras (ver cuadro).

Según explica Hugo Díaz, especialista en la materia, el objetivo era integrar a los gobiernos regionales en los lineamientos del sector y hacerlos partícipes de las políticas públicas. Sin embargo, esto no se ha logrado. “Lo que ha venido ocurriendo es que muchas de las reformas que ejecuta el Minedu han tomado un cariz centralizado, porque el manejo es desde Lima, y eso ha fastidiado a los gobernadores”, explica.

Los problemas de esa separación de funciones se perciben claramente en coyunturas como la actual. Los maestros demandan un aumento del piso salarial a S/2.000 a fines de este mes y un aumento progresivo hasta el equivalente a una UIT (S/4.050). La decisión –aumentar o no– depende del Minedu y en este caso la ministra, Marilú Martens, ha explicado que dicho pedido es inviable porque ese dinero no está presupuestado. 

La función de aplicar los descuentos a los docentes que están en huelga corresponde a los gobiernos regionales. En los últimos días, Martens ha insistido al Gobierno Regional de Cusco para que proceda con esta medida, pero funcionarios de la Dirección Regional de Educación no lo han hecho por considerar que esto podría empeorar la tensión por las protestas
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